TERCERA ETAPA:
TRANSICION
Y DEMOCRACIA
(1975-99) |
 Con
la transición se abre un período caracterizado por un
gran dinamismo, creatividad, participación y de reivindicaciones
ciudadanas hacia un sistema democrático y de bienestar social.
Estas presiones consiguen que en otoño de 1977 se restablezca
provisionalmente la Generalitat y el retorno del M.H. Presidente Josep
Tarradelles, que hace posible la formación de un Gobierno de
unidad, en que los servicios sociales se reparten entre las Consejerías
de "Sanidad y Asistencia Social" y la de "Gobernación
y Administración Local". Estos años fueron decisivos
en la conformación del futuro modelo de servicios sociales: se
elaboraron diferentes propuestas y acciones desde la Generalitat, los
partidos políticos debatieron el tema, los profesionales presentaron
aportaciones teóricas y prácticas, las entidades de iniciativa
social revisaron sus objetivos y estrategias y los primeros ayuntamientos
democráticos mostraron un fuerte compromiso con los servicios
sociales.
En 1978 se aprueba la Constitución
española que establece un Estado democrático, social,
de derecho y autonómico, que se contrapone al anterior autoritario,
centralista y paternalista. Un año más tarde, se promulga
el Estatuto de Autonomía de Catalunya, que recoge la competencia
exclusiva de la Generalitat en materia de asistencia social, promoción
de la mujer, juventud, protección y tutela de menores, fundaciones
y asociaciones, etc. y la compartida en Seguridad Social. En virtud
de estos preceptos se efectúan los traspasos de la asistencia
y los servicios sociales del Estado (INAS, FNAS, etc.) en 1980 y en
el año siguiente los procedentes de la Seguridad Social (la entidad
gestora era l'INSERSO que había sido creada en 1979, a la que
se le atribuyeron, entre otras, las funciones que realizaban los mencionados
SEREM y el S.A.P). Acto seguido expondremos los puntos básicos
de este último período en que nos encontramos inmersos,
circunstancia que priva de la necesaria perspectiva y dificulta el análisis
objetivo.
a. El modelo catalán
de servicios sociales. En los primeros años se ponen los
cimientos de los servicios sociales mediante dos leyes, una de carácter
instrumental y otra material. La primera, Ley de administración
institucional de la sanidad y de la asistencia y los servicios sociales
(1983), pretende afrontar las necesidades organizativas derivadas de
las transferencias, a través de la racionalización y la
simplificación de los recursos, mediante la creación del
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS)
como entidad gestora de los servicios sociales; la segunda, Ley de servicios
sociales (1985), define el modelo (reconoce el derecho a los servicios
sociales y la responsabilidad pública, estructura los servicios
en dos niveles: primario y especializado, establece canales de participación,
distribuye competencias, reconoce el papel de la iniciativa social,
etc.). El desarrollo de estas disposiciones normaliza y dignifica este
sector, todo ordenándolo (se regulan los tipos de servicios,
las condiciones mínimas para la autorización, la acreditación
y registro y se crea la inspección y el régimen de infracciones
y sanciones), estableciendo las formas de financiación y regulando
los órganos de participación.
Se abre una nueva fase con la
creación del Departamento de Bienestar Social (1988) que rompe
la tradicional adscripción de los servicios sociales a sanidad
y que supuso una perdida del peso de los planteamientos técnicos
y una alza de las actuaciones de signo más politizado. A pesar
del nombre tan pretencioso, el contenido de la nueva area no parece
obedecer a una concepción predeterminada, sino que se va formando
por aluvión: servicios sociales, acción cívica,
servicios comunitarios, formación de adultos, oficinas de bienestar,
etc. Rapidamente se perciben signos de cambio: concepción y organización
de los servicios (desmantelamiento del concepto de gestión integral
de l'ICASS, con la creación de la Dirección General de
Infancia, que acabará dependiendo del Departamento de Justicia
-1996), relaciones con el mundo local (potenciación de la comarcalización,
nuevos modelos de "convenios" y de sistemas de financiación,
etc.). En la cronología adjunta se pueden ver las realizaciones
más destacables de este período.
En el contexto estatal, se aprueban
algunas normas importantes que inciden en los servicios sociales: la
Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI,
1982), impulsada por los grupos de personas con discapacidad y canalizada
por el recordado Ramon Trias Fargas, y la Ley de Pensiones no contributivas
de jubilación, invalidez y prestación para hijos a cargo
(PNC, 1990) que concretan el modelo de seguridad social constitucional.
b. La administración
local. Ya hemos señalado la importante contribución
de los ayuntamientos en el nacimiento de los servicios sociales, también
es necesario ver el papel de la Diputación y de los nuevos Consejos
Comarcales. El marco normativo viene configurado en el ámbito
estatal por la Ley de Bases del Régimen Local (1985) que reiteran
la autonomía local, establece la competencia municipal en la
"prestación de servicios sociales y de promoción
y reinserción social" y la obligatoriedad para los que tingan
más de 20.000 habitantes, señala el mínimo competencial
de les provincias y permite la creación de comarcas, siempre
que no vacíen de contenido las competencias municipales. En Catalunya
son las leyes de ordenación territorial (LOT, 1987) que regulan
el ámbito local, la organización comarcal y las competencias
provisionales de las Diputaciones, si bien remite para la determinación
del quantum competencial a las leyes sectoriales. La aplicación
de esta "ordenación" territorial a los servicios sociales
-hay que añadir los sectores regionales (1995)- presenta una
fuerte tendencia centralista, una ambigüedad competencial y desde
el punto de vista organizativo el resultado es un mosaico territorial
muy fragmentado y complejo (recordemos que la actual provincia de Girona
tiene 235 municipios, 8 comarcas -Gironès, Baix Empordà,
Alt Empordà, Garrotxa, Selva, Ripollès, Pla de l'Estany
y parte de la Cerdanya- y constituye la Región de Girona formada
por les mencionadas comarcas excepto la Cerdanya, que pasa a la Región
Central).
La Diputación de Girona,
como ya hemos mencionado, desarrolló importantes tareas en este
ámbito derivadas de las normas de beneficencia; últimamente,
sobretodo mediante los equipamientos del hogar Infantil y el Geriátrico,
creados a principios de los años 60. Asimismo, a partir de las
primeras elecciones locales, se inicia un proceso de modernización
impulsado inicialmente por el recordado Just Casero, que cristaliza
el año 1984, con la creación del Patronato de Servicios
Sociales como órgano gestor de los servicios sociales de la Diputación,
en el que participaron representantes de la Corporación, de la
Generalitat, de los Municipios (Federación y Asociación)
y de Caritas en representación del voluntariado. Este órgano
promovió estudios y investigaciones sobre la realidad gerundense
(La vejez en Girona, Las necesidades sociales de la infancia y adolescencia
a las comarcas de Girona, etc.) y creó una serie de publicaciones
(Colección Arnau de Escala). También es notable el impulso
de iniciativas innovadoras, como la mejora de la gestión y de
los servicios, mediante el Servicio de Recepción, Información
y Orientación (RIO) para la recepción de las demandas,
la promoción de nuevos servicios de proximidad (como el servicio
de catering, el centro de día para personas mayores, etc.), la
creación del Servicio de Familias de carácter global para
la atención social a la infancia y la vejez, la descentralización
de les comunidades infantiles a las comarcas, la colaboración,
mediante la creación de un Equipo de Atención a la Infancia
y Adolescencia -EAIA-, a la puesta en marcha del complejo polivalente
-cultura, vejez, juventud- de las Bernardas), el suporte a los municipios
(Unidad de Ayuda y Suporte a Municipios y Entidades -UASME-), o la formación
y promoción de familias acogedoras. Esta ininteresante y pionera
experiencia territorial lamentablemente quedo truncada por las nuevas
orientaciones y políticas territoriales y de servicios sociales
mencionadas que provocaron el traspaso a la Generalitat (1994) de los
órganos directivos del Patronato, los servicios y programes y
los equipamientos del hogar Infantil Nuestra Señora de la Misericordia
y la Residencia Geriátrica (en conjunto prestaban sus servicios,
según el decreto de traspaso, más de doscientos profesionales:
21 funcionarios y 194 laborales).
Referente a los Ayuntamientos,
en esta etapa continuaban desarrollando las mencionadas actuaciones
derivadas de la beneficencia. Una de les primeras noticias que hemos
encontrado de la incorporación del moderno trabajo social al
mundo local es la contratación de la asistente social Neus Fort
por el Ayuntamiento de Girona en 1974, que a pesar de estar prevista
para el trabajo individual consiguió desarrollar sus tareas en
el ámbito comunitario, especialmente relacionadas con la problemática
de la vivienda. Los ayuntamientos democráticos incorporan los
servicios sociales, los grandes y medianos crean concejalías
y departamentos específicos, con estrategias de proximidad, desarrollando
actuaciones de carácter muy polivalentes, se dedican a todo tipo
de colectivos (pobres: padrón de beneficencia, prestaciones asistenciales;
familia y infancia: guarderías; adultos: escuela de adultos,
etc.). Muestran una gran sensibilidad a las reivindicaciones vecinales
y se nutren del desván de cosas pendientes y urgentes. Después
en la década de los 80 se produce un crecimiento y consolidación
general de estos servicios, aunque las políticas municipales
de este período oscilan entre los modelos que gráficamente
se han denominado oficina expendedora, el hospital social y la agencia
de intervención. La entrada de España a la Comunidad Europea
(1986) permite a algunos ayuntamientos -y entidades sociales- incorporarse
a nuevos planteamientos y metodologías, como es el caso del Ayuntamiento
de Girona con el Programa Onyar Est (1990-94), insertado dentro el Programa
Europeo Pobreza 3, que le permitió conocer mejor la problemática
de les familias pobres, así como nuevas formas de actuar a un
equipo de profesionales consolidado que supieron aprovechar esta oportunidad
y que los ha situado como a lideres en este ámbito. En la década
actual ha variado la situación: reducción de presupuestos,
agotamiento de cosas pendientes, consolidación de las estructuras
de gestión, cambios y diversificación de les demandas
ciudadanas, etc. De los análisis de las actividades realizadas
en los últimos años se pueden extraer algunas constataciones:
se han iniciado experiencias de trabajo comunitario y de inserción
socio-laboral (p.e. Dispositivo Inserción Económica del
Ayuntamiento de Girona), en los grandes ayuntamientos se empieza a agrupar
las áreas (servicios personales), ha tenido una considerable
incidencia la puesta en marcha de las rentas mínimas (PIRMI),
se trabaja ya por proyectos, surgen dificultades para articular las
lógicas municipales con las de la Generalitat, hay una preocupación
por hallar formulas de colaboración con el tercer sector, etc.
Por otro lado, debemos de reseñar
un fenómeno notable de solidaridad municipal con los países
pobres, especialmente mediante el hermanamiento con ayuntamientos de
Nicaragua, como Arbúcies con Palacagüina, Girona con Bluefields,
Salt con Quilalí, Torroella de Montgrí con San Juan del
Sur, Banyoles con Condega, Quart con Kukra Hill, Castelló de
Empúries en proceso de formalización con Telica y el Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guíxols con Nueva Trinidad de El Salvador.
En 1981, la Asociación
la Caridad se constituye en "Fundación Pública Centro
de Acogimiento y Servicios Sociales", como un organismo autónomo
dependiente del Ayuntamiento de Girona y con personalidad jurídica
propia que ofrece servicios de comedor colectivo y estancia limitada
a personas con problemas de marginación. Actualmente, forman
parte de la Fundación los Ayuntamientos de Girona y Salt, Generalitat
(ICASS), Institución religiosa St. Vicente de Paúl, Caritas,
Cruz Roja, Obispado de Girona y el Consejo Comarcal del Gironès.
Los consejos comarcales emergen
con fuerza en este ámbito al final de la década de los
80, aunque algunos ya contaban con sólidos precedentes, como
la Mancomunidad de la Garrotxa, la del Estany, o los Consejos Comarcales
de Alta Montaña (Cerdanya, Ripollès). En algunos de estos
casos ya habían actuado en el campo de los servicios sociales,
como el Ripollès que había incorporado al consejo una
trabajadora social en 1986, en la Cerdanya se había creado en
Puigcerdà un Instituto Municipal de Servicios Sociales. En otros
lugares, la aplicación de la normativa propició transferencias
entre administraciones locales, como en Banyoles que disponía
de una trabajadora social (1988) y una Educadora (1989) que fueron traspasados
al Consejo Comarcal (1990). Actualmente todos los Consejos Comarcales
disponen de Unidades Básicas de Atención Social Primaria
(UBASP) organizadas por sectores y otros servicios de este nivel (atención
domiciliaria, transporte adaptado, centro abierto, telealarma, etc.
ya sean propios o concertados), y algunos tienen servicios sociales
especializados, como por ejemplo los centros de inserción laboral
y ocupacional de personas con discapacidad del Pla del Estany (COIET)
y el Baix Empordà (Centro Tramuntana) o la Garrotxa con el Servicio
comarcal de drogodependencias. En el aspecto organizativo, uno de los
problemas clásicos proviene de las dificultades de articular
los servicios de la capital con los del resto de la comarca, a menudo
con población rural, dispersa y aislada o por el contrario de
costa, turística y con fuerte inmigración, por eso, es
interesante la experiencia del "Consorcio de Bienestar Social de
la Garrotxa" (1997) integrado por el Ayuntamiento de Olot y el
Consejo Comarcal (permite además la incorporación de otras
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro). Hemos
podido constatar como los servicios sociales comarcales, a pesar de
los pocos años de funcionamiento, disponen de un buen nivel de
conocimiento de las necesidades y del territorio y han elaborado experiencias
y propuestas de gran interés.
Cabe destacar que la década de los 90 ha estado presidida por
la gran la influencia de los Programas europeos en todos los ámbitos,
tanto públicos como privados, que han incidido en la innovación,
metodología y financiamiento de los servicios sociales.
c. La iniciativa social.
Estos años se han caracterizado también por la emergencia
de la iniciativa privada en los servicios sociales. Nosotros nos referiremos
a la social, aunque es importante dejar constancia del crecimiento de
las entidades mercantiles en la provisión de servicios.
En primer lugar, se observan
profundos cambios en las grandes entidades sociales. En Caritas estatal
(1975-82) aparecen conflictos y grandes debates sobre la forma de superar
la caridad-asistencialista, que concluyen con una opción clara
a favor de los pobres y marginados; en la diócesi de Girona se
observa también este proceso de adaptación a les necesidades
y a los tiempos, se habla del cambio de las políticas del bocadillo
por actuaciones más técnicas (se hacen estudios sobre
la pobreza y se constituye una plantilla de profesionales, aunque sin
olvidar el compromiso cristiano ni dejar de lado el pilar del voluntariado)
y se abren a nuevos campos: inmigración (se crea una Fundación),
toxicomanías (Programa de Rehabilitación y Reinserción
de Drogadictos del Centro Catalán de Solidaridad). La Cruz Roja,
después de un fuerte crecimiento en servicios sanitarios (en
1973 se inicia la incorporación de soldados y se ponen en marcha
los primeros auxilios de carretera, lugares de salvamento a la playa,
embarcación de salvamento en Roses, etc.) a finales de los 80
se potencian los servicios en el ámbito del bienestar, mediante
actuaciones directas o concertadas con los ayuntamientos y otras entidades;
actualmente, tiene como uno de los objetivos básicos la atención
integral a los colectivos más vulnerables (gente mayor, inmigrantes,
refugiados, internos de los centros penitenciarios, disminuidos, toxicómanos
y enfermos de la sida), disponiendo para ello de una amplia gama de
servicios (ayuda domiciliaria, teleasistencia, soporte a las familias,
servicios de información, asessoramiento y atención educativa
para inmigrantes y refugiados, colaboración en la ejecución
de medidas de inserción social, traslado y acompañamiento
a las personas con disminución, actuaciones preventivas y de
difusión de toxicomanías, etc.), además de las
tradicionales actividades formativas de voluntariado. La ONCE también
experimentó un cambio radical cuando se convierte en una Corporación
de derecho público de base asociativa (1980) y después
se crea la Fundación ONCE (1988) y su grupo de empresas para
la integración de las personas invidentes y afectadas de otras
discapacidades. La representación de Girona, actualmente con
rango de Agencia Provincial (1984), tiene censadas y afiliadas 500 personas
ciegas, trabajan 300 (personal técnico/administrativo, afiliados
y minusválidos) y está realizando una gran actuación
en la supresión de barreras arquitectónicas, mediante
convenios de colaboración con los ayuntamientos, así como
en la inserción laboral y social de los ciudadanos con alguna
discapacidad, ayudando y colaborando con otras entidades cívicas
de la provincia.
Uno de los ámbitos donde
ha estado posiblemente más decisiva la participación directa
de la iniciativa social ha sido el de la discapacidad, mediante los
propios afectados, los padres, familiares o amigos. En los años
sesenta nacen las primeras asociaciones impulsadas por padres, solos
o juntamente con otras personas sensibilizadas por este tema, (1965:
Angelus de Girona; 1967: Altem de Figueres; 1968: Patronato Joan Selles
y Cardelús de Olot; 1968: Asociación local de cabezas
de familia -después Asociación Montseny-Guilleries-de
Arbucies; 1968-69: Acpam de Ripoll; 1973: Aspronis de Blanes, etc.)
que primero se dedican a resolver el tema de la educación especial,
en la década siguiente empiezan a crear los primeros talleres
que se irán tecnificando y consolidando en los años siguientes,
asimismo, para las personas con discapacidades más graves se
les procura una atención asistencial (centros ocupacionales,
de día, residencias asistidas, etc.) y finalmente llegamos en
la etapa actual dónde domina la preocupación por las residencias
y las tutelas. A este modelo cabe añadir otras iniciativas de
gran interés impulsadas por profesionales, como es el caso de
la Cooperativa La Fageda (Olot, 1983) que estuvo apoyada inicialmente
por el Hospital Psiquiátrico de Salt y que tiene como a objetivo
la integración socio-laboral. Se trata de experiencias muy interesantes
y innovadores, surgidas de la "base", bien arraigadas, organizadas
territorialmente y con vocación de servicio público. Des
del punto de vista organizativo, hemos de mencionar la transformación
de les figuras jurídicas inicialmente utilizadas por estas entidades,
a medida que crecen y se transforman, hacia la constitución,
en la década actual, de fundaciones de diversa índole
(p.e. Fundación Ramon Noguera, Fundación Privada Altem,
Fundación MAP, Fundación Aspronis, Fundación El
Vilar, Fundación Privada la Fageda, Fundación Privada
de Servicios Asistenciales de la Garrotxa, etc.). También existen
iniciativas no territoriales dedicadas a colectivos específicos,
como p.e. la Fundación de padres de psicóticos y autistas
(1989, Centre Mas Casadevall) o la Fundación Síndrome
de Down de Girona y comarques-Astrid 21 (1993) o para aspectos concretos,
como la Asociación para la integración socio-laboral para
personas con discapacidad. Finalmente, cabe mencionar un caso singular;
nos referimos a la Fundación Joan Riu, que a partir de una donación
de terrenos de la familia Riu de Olot nació este servicio para
niños con una discapacidad psíquica profunda de la provincia
(1980), primero a cargo de la Obra Social de la Caixa de Girona y después
con la Fundación instituida por la mencionada obra social y la
familia Riu; en los mencionados terrenos el ICASS construyó el
centro "Els Roures" para los disminuidos adultos, que son
gestionados conjuntamente por el Consorcio Sant Gregori (1992), integrado
por ambas instituciones.
En el ámbito de la salud
mental, los servicios sociales también han tenido un amplio desarrollo,
especialmente a partir de la sectorización por comarcas (1981)
efectuada desde la Diputación, la creación del Instituto
de Asistencia Sanitaria (IAS, 1984), como empresa pública, y
los traspasos al Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la sanidad
procedente de la Diputación (1992). Todo este camino ha posibilitado
unos planteamientos sociosanitarios que se concretan en los últimos
años en la creación de centros de día y de pisos
con soporte. Los proyectos futuros avanzan hacia esta línea y
el IAS se consolida como una entidad al servicio de las necesidades
sanitarias y sociosanitarias de los gerundenses, normalizando la atención
al enfermo mental, que se completará con la construcción
del Parque Hospitalario Martí y Julià y el traslado de
el Hospital Santa Caterina. También es importante dejar constancia
de la reciente creación la Fundación Drissa (1999) para
la inserción laboral de los enfermos mentales.
En el campo de la discapacidad
física, a partir de la desaparición de la mencionada ANIC
(se traspasó al SEREM, 1978), las personas provenientes de esta
asociación promovieron la nueva entidad MIFAS (1979) con el fin
de no quedar desatendidos y intentar salvar lo que pudieran de los servicios
que venían prestando (p.e. vigilancia de aparcamientos). Pronto
se incorporaron otras personas no estaban y provenientes de movimientos
de la Iglesia. Diez años más tarde, se inicia una importante
reforma y se pone en marcha la creación de empresas, se cambian
los Estatutos (1990), y al año siguiente se celebra la primera
Asamblea de compromisarios por comarcas (actualmente a todas las comarques
gerundenses, excepto el Pla del Estany, tienen autonomía para
la gestión de sus intereses). En 1993 se crea la Fundación
MIFAS que tiene a su cargo las Residencias, el Centro Ocupacional y
el de Día. Además han constituido el Grupo de empresas
(propias y otras de participadas, p.e. la lavandería con la Once)
y el Club MIFAS dedicado al deporte (baloncesto, tiro olímpico,
atletismo, natación, tenis, etc.). Esta singular asociación
ha conseguido en veinte años crear un completo abanico de servicios
para el colectivo de personas con discapacidad física de la provincia.
No podemos olvidar otras entidades
gerundenses que han desarrollado tareas importantes relacionadas con
los servicios sociales, como SER.GI -actualmente Fundación SER.GI
de pedagogía social- que ha desarrollado desde 1979 múltiples
actividades, que abarcan desde la formación (ha sido especialmente
importante el soporte a la educación social: elaboración
del programa de la Escuela de Educadores Especializados -1982- y la
asunción de la propia Escuela desde el 1990 hasta que se implantó
la nueva diplomatura en la UdG en 1994), las investigaciones, el Centre
de Recursos y Documentación y en el ámbito de las drogodependencias,
mediante el Centro terapéutico de alcoholismo y otras toxicomanías,
desde 1983 hasta que se hizo cargo la Fundación Teresa Ferrér,
que continua esta importante tarea. También en el campo de la
inmigración (Semanas Interculturales de Girona) y en el impulso
a nuevas entidades como GRAMC (Grupos de Recerca y Actuación
sobre Minorías Culturales y trabajadores extranjeros, 1989),
ASDIQA, así como el soporte técnico y secretaria a la
Coordinadora de ONG's Solidarias de las comarcas gerundenses y el Alt
Maresme.
En el campo de la inmigración,
son varias les entidades gerundenses que han actuado a favor de estos
colectivos: SER.GI, GRAMC, la Fundación de Caritas, etc. y muchas
otras de ámbito local. Asimismo, pensamos que merece una mención
a parte una experiencia y un documento. La experiencia es Samba Kubally
que nace de las dificultades de escolarización de una niña
gambiana que provocaron una serie de conflictos entre el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Farners y la Generalitat y a partir de los cuales
se pusieron en marcha mecanismos solidarios y se crea la Asociación
de Africanos para el reconocimiento de los derechos civiles y políticos
de los inmigrantes. El documento a que nos referirnos es el que recoge
las conocidas "50 propuestas sobre inmigración" (Documento
de Girona, 1992), elaborado por la Comisión de Asociaciones y
Organizaciones no Gubernamentales de las comarcas gerundenses, que trata
con gran calidad técnica y operatividad los temas de la legalidad,
la integración y las actitudes y que finaliza con la formulación
de las recomendaciones. En todo este proceso queremos recordar también
el papel activo, dialogante y abierto que mantuvo en aquellos momentos
el Gobierno Civil de Girona para la resolución de estos problemas.
La acción voluntaria
ha sido tradicionalmente rica y potente en las comarcas gerundenses,
como podemos constatar en este breve balance. Pero además, nuestras
tierras tuvieron también un papel en el proceso de estructuración
del movimiento de entidades voluntarias catalanas, pues se inició
precisamente en Monells (Baix Empordà) en el año 1986,
mediante la celebración de las I Jornadas de Voluntariado, organizadas
por la Dirección General de Servicios Sociales de la Generalitat,
la Diputación de Girona y la EUTS de Barcelona, con participación
de entidades y expertos que formularon las bases teóricas y acordaron
la Constitución de la Federación Catalana de Voluntariado
Social (1989). Actualmente esta Federación agrupa a más
de 200 entidades, de las cuales una cuarta parte pertenecen a la Unidad
Territorial de Girona que realiza una gran variedad de acciones formativas,
divulgadoras, coordinadoras y de servicios.
Debemos hacer una referencia
general al nacimiento de múltiples órganos de participación,
especialmente a nivel local (p.e. los consejos municipales y comarcales
de gente mayor) y de entidades en múltiples ámbitos: personas
mayores (asociaciones de jubilados y pensionistas), de familiares (de
Alzheimer, enfermos mentales, etc.), tutela, drogodependencias, Sida,
minorías étnicas, enfermos (renales, ludopatas, cáncer,
etc.) discapacitados (sordos, esclerosis múltiple, espina bífida,
etc.), familias acogedoras y adopción, mujeres, etc. También
se han creado entidades proveedoras de servicios, ya sean sin ánimo
de lucro o con ánimo de lucro, espacialmente en la prestación
de servicios para personas mayores.
Finalmente, queremos recordar las múltiples aportaciones de la
Universidad de Girona (UdG) en la investigación y la docencia
relacionadas con servicios sociales, especialmente desde los departamentos
de psicología, pedagogía y de los estudios de educación
social. Pueden servir de ejemplo un par de actuaciones recientes: los
esfuerzos realizados para mejorar la accesibilidad y favorecer la integración
de los estudiantes con discapacidad y la creación del "Campus
Arnau de Escala", integrado por la UdG, la Generalitat de Catalunya
(Departamentos de Bienestar Social y de Trabajo), Consorcio Sant Gregorio
y la Fundación Drissa, con el objetivo de aumentar la incidencia
en investigación y formación en los ámbitos de
la vejez, la discapacidad y la salud mental.
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